«Niños movidos ha habido siempre. Pero un cuadro de hiperactividad es más», hacía hincapié hace unos meses en una charla en la capital bilbaina Javier Royo, siquiatra infanto-juvenil del Servicio Navarro de Salud, Osasunbidea. Así es, el conocido como Trastorno por déficit de atención e hiperactividad -o sus siglas TDAH- es hoy un término de uso habitual incluso entre la propia ciudadanía. Es más, si se preguntara a pie de calle, seguro que la mayoría diría que cada vez hay más casos de menores hiperactivos; y si hiciésemos lo propio en las consultas de pediatría o servicios de salud mental seguro que la respuesta era similar. Sin embargo, por ejemplo en la CAV, sólo uno de cada cuatro niños o niñas que acuden a consultan ven confirmado ese diagnóstico.
Éste, el estadístico, es uno de los datos concluyentes que ayudan a resituar la verdadera dimensión de esta problemática. Lo revela el informe, aún calentito, de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (OSTEBA) de Osakidetza, en colaboración con el Instituto Carlos III y que lleva por título «Evaluación de la situación asistencial y recomendaciones terapéuticas en el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)».
Sus autores principales, los investigadores Cristina Jorquera y Alberto Lasa, han analizado la literatura existente sobre esta patología y han estudiado cuál es la realidad asistencial sobre esta problemática. Y lo han hecho partiendo de la premisa de que «la preocupación social y sospecha diagnóstica por el TDAH se ha extendido deproporcionadamente más allá de su incidencia real, lo que ha generado un problema asistencial por el colapso de consultas en diferentes servicios de atención infanto-juvenial».
Exceso de medicalización
El extenso documento que acaba de ser remitido estos días a centros de salud y servicios relacionados con esta problemática constata en sus conclusiones lo que cada vez parecía más evidente: «A pesar de la abundancia de trabajos de investigación y publicaciones que se han venido desarrollando, sigue sin existir consenso en muchos de los aspectos que conforman este trastorno». Y como han podido constatar en su informe, «la práctica clínica en la CAV confirma esta falta de acuerdo».
Además de no haber unanimidad sobre las causas reales, factores o formas de abordarlo, una controversia añadida, según estos autores, es la de quién es el profesional o los profesionales adecuados para su detección y tratamiento. «Esta medida es urgente para frenar la confusión asistencial presente hasta ahora», advierten.
El estudio pone en evidencia lo mucho que se ha avanzado y lo poco que se ha consensuado. Otro ejemplo que constatan en esa línea es la creciente y casi exclusiva tendencia al tratamiento con sicoestimulantes, tanto que llegan a hablar de «generalización indiscriminada», que puede llegar a «desatender las peculiaridades clínicas de muchos casos diagnosticados» y dejar de lado un tratamiento más integral. Y es que las gráficas de prescripción de metilfenidato -uno de los sicoestimulantes más utilizados para estos enfermos- en la CAV en los últimos años son «espectaculares».
De 2001 a 2004 se multiplicó la prescripción de metilfenidato en la CAV por tres, mientras que de 2001 a 2007 se multiplicó por dieciocho, lo que ha supuesto un aumento del gasto público de 8.648 a 890.848 euros. Y, llamativamente, apuntan los autores, los servicios de Pediatría recetan hasta cuatro veces más que los de Siquiatría.