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«Soy de Costa Rica y les comento que desde hace unas semanas se nos había empezado a hablar sobre la importancia de tener planes de emergencia en caso de un desastre natural, en televisión, periódicos y centros educativos podíamos ver expertos diciendo como se debe actuar durante y después. A mi me pareció extraño porque nunca habían invertido tanto en ese tema y este es un país que tiene temblores e inundaciones durante todo el año y hasta ahora hacen una cobertura masiva sobre este tema. Y por desgracia lo de las fuerzas militares había empezado desde hace mucho tiempo, han estado viniendo para “ayudar” zonas en riesgo…».

Dallana, Costa Rica, 6 septiembre, 2012

El 23 de agosto de 2012 publicamos en DESPERTARES  la entrevista que realizaba Miguel Celades a Pedro Gaete en la que explicaba en base a sus datos científicos cómo se abre una nueva ventana de campo geoescalar que podría ser utilizada para provocar nuevos atentados geoterroristas mediante armas escalares en las fechas comprendidas entre el 3 SEPTIEMBRE de 2012 y el 18 de OCTUBRE DE 2012 (ALERTA TERREMOTOS ARTIFICIALES por PEDRO GAETE y MIGUEL CELADES).

El día 5 de septiembre de 2012 se produce el segundo terremoto más fuerte (escala 7,9-7,6) en la historia de Costa Rica, tras lo que, inmediatamente entran 17 barcos de guerra de la armada de EEUU en un país geoestratégico que no tiene ejército.

¿Les parece todo esto casualidades de la madre naturaleza?

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¿ TE ATREVES A DESPERTAR ?

Pedro Gaete habla en televisión chilena sobre el Proyecto Haarp y el terremoto de Costa Rica.

Terremoto 7.6 en Costa Rica – Programa Nuestra Voz:

TERREMOTO 7.6 COSTA RICA EN SETIEMBRE 5:

San José de Costa Rica, 5 de septiembre de 2012 (elpais.cr) – La Asamblea Legislativa de Costa Rica, por 36 votos a favor y 12 en contra, otorgó permiso a la Armada de Estados Unidos para que 17 buques artillados y con aeronaves ingresen a las aguas y suelo nacional para combatir el narcotráfico.

“17 buques, operarán en las aguas de la zona económica exclusiva de Costa Rica en el Océano Pacífico y el Mar Caribe, y en las cercanías de esta zona, tienen como misión el apoyo a operaciones antidrogas en el cumplimiento del acuerdo marítimo bilateral “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito”, aprobado mediante Ley Nº 7929 del 6 de octubre de 1999”, indicó el Ministerio de Seguridad a los diputados.

Sin embargo, de acuerdo con el Convenio, solamente podrán ingresar navíos del Servicio de Guardacostas estadounidenses, aunque según el Gobierno, “los busques de la Armada vienen bajo el mando del primero. En los Estados Unidos, dicho Servicio está adscrito a las Fuerzas Armadas.

Para la diputada Carmen Muñoz el tema tiene que ver soberanía nacional, con la Constitución Política, así como con el fracaso de la lucha contra el narcotráfico en toda la región, tanto desde México hasta Colombia, tanto desde el gran consumidor como lo es Estados Unidos, hasta los grandes productores en el sur, como lo es Colombia, entre otros países.

“Por supuesto, el fracaso de lo que supone los países por los cuales trasiegan la droga y la han convertido en puente de trasiego de los narcotraficantes a nuestro país”, indicó.

Muñoz resaltó el tema de la no militarización y “de la apuesta que como país hicimos desde el año 1948 para desterrar por siempre de la vida nacional de la dinámica de nuestra sociedad las fuerzas militares que vinieron en muchos casos a traer dolor, sangre y, por supuesto, desviar fondos importantes para la educación, para la salud en otros países, pero que en nuestro caso no ocurrió”.

Dijo que esa lucha contra el narcotráficos se fundamenta en la existencia del acuerdo de patrullaje, Ley número 7929. “Si estos preceptos desean cambiarlos o modificarlos aquí, esta tarde, de un manotazo o levantándose o poniéndose de pie, entonces, diputados y diputadas, lo que procede es modificar el acuerdo, o, en su defecto, cambiar la Constitución Política para que se permita el ingreso de las fuerzas militares, de las fuerzas de tipo militar, a realizar operaciones de tipo militar en nuestro territorio y acabar de un plomazo con seis décadas de decisión soberana del pueblo de Costa Rica de decirle no a las fuerzas militares”, adviritó.

“Qué gran contradicción, estimadas y estimados compañeros, ¿no fue acaso esa la razón fundamental de por qué este país visionario abolió el ejército?, y ahora estamos nosotros, o están ustedes aquí, intentando acudir a las fuerzas armadas de otro país para que resguarde nuestro territorio y seguridad, ¿para qué entonces suscribimos el acuerdo de patrullaje conjunto?, este acuerdo por el que se sustenta el ingreso de buques de guardacostas es muy claro, diputadas y diputados, al definir qué se entiende por fuerzas del orden; expresamente dice así el acuerdo: Definiciones.-  Embarcaciones de las autoridades del orden significan las embarcaciones de las partes que vayan marcadas claramente y sean reconocibles como embarcaciones en servicio oficial, no comercial, y autorizados para tal fin, inclusive, las lanchas y las aeronaves a bordo de dichas embarcaciones a bordo de las cuales se encuentren funcionarios de las fuerzas del orden”, reclamó.

Por su lado, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, analizó que “la Sala Constitucional afirmó en su sentencia del 95, 0782, que en nuestra Constitución Política los constituyentes de 1949 trazaron las líneas maestras de civilismo costarricense, siendo una de ellas el repudio al ejército como institución permanente, quedando, precisamente, plasmado el rechazo legal y moral de nuestra sociedad a todo resabio de corte militar en la aplicación de nuestras leyes, aun las que regulan las fuerzas de policía, “aunque se afirme y se interprete que las fuerzas militares extranjeras no están haciendo labores policiales independientes y con total autonomía en nuestras aguas y nuestro nacional”.

“Y aunque se diga que operan bajo los órdenes de la autoridad civil costarricense, nótese que no se trata del permiso de atraque de una sola nave, sino del otorgamiento de permiso de atraque, permanencia en puerto y desembarque de las tripulaciones de las embarcaciones de la Armada de los Estados Unidos de América de forma casi absolutamente irrestricta, sin limitaciones, contrario a lo dicho por esta Sala en la resolución 1999, 4156, cuando consideró que el texto negociado por las partes, en el acuerdo con los Estados Unidos para suprimir el tráfico ilícito de estupefacientes, artículo octavo, punto once, violentaba el inciso 5), artículo 121 de la Constitución Política, dado que los permisos para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y la permanencia de naves de guerra en puertos y aeródromos se deben otorgar en cada caso, previa calificación por la Asamblea Legislativa de las circunstancias que rodean la solicitud, dada la naturaleza y la sensibilidad de la materia que se trata”, explicó Villalta.

El legislador sostiene que “Esos límites no pueden ser traspasados por un tratado bilateral como pareciera que se pretende sin incurrir en una violación de la propia Constitución Política”.

“La cantidad de buques y sus características militares no está por demás dentro de los supuestos del convenio que le sirve de base, evidenciando un exceso que se trata… evidenciando un exceso que supera los supuestos del acuerdo, por sí mismo el acto de autorización evidencia —vean qué delicado lo que nos dicen estos magistrados— evidencia que se trata de un ejército con el que se está acordando que nuestras fuerzas policiales colaboren”, dijo.

“Las mismas declaraciones del Presidente de la Asamblea Legislativa, en la sesión número 39 del 1º de julio, así lo dice cuando expresa: Los diputados y diputadas que estén de acuerdo de las embarcaciones de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica que estarán desarrollando operaciones antinarcóticos en apoyo al Servicio Nacional de Guardacostas, todo en contradicción con la tradición civilista y pacifista de nuestro ordenamiento constitucional. El propio Ministerio de Seguridad señala que se trata de embarcaciones de la Armada estadounidense”, recordó.

Recordó además que no es un problema menor el que se discute, ya que el artículo 12 de la Carta Magna es uno de los pilares fundamentales que han diferenciado a Costa Rica de otras naciones latinoamericanas y a nivel mundial.

“La proscripción del Ejército no es como algunos pretenden, un asunto de forma, o de moda, o una cuestión de terminología, y podemos aquí meter los militares y ponerles ropaje de civiles, y con eso se solucionó el problema”.

“La proscripción del Ejército es un principio fundamental, que ha salvado a este país de flagelos mucho peores que el narcotráfico. Cuidado aquí con las salidas fáciles, que por querer respaldar una lucha que es necesaria, promueven que se sacrifiquen valores fundamentales que son igual o más importantes, porque si este país pierde esos principios que están plasmados en el artículo 12 de la Carta Magna, perderíamos valores y principios esenciales que nos han liberado de los peores flagelos que azotan a buena parte de la humanidad”, advirtió Villalta.

El diputado del Frente Amplio aseveró que “lo que nos venden aquí como solución al problema del narcotráfico no es tal solución; según las declaraciones de nuestro Gobierno, este programa del patrullaje conjunto está perjudicando a Costa Rica”, según documentos oficiales.

“¿Por qué es que algunas y algunos no quieren escuchar estas razones?   ¿Por qué es que no quieren atender estas preocupaciones?  Por supuesto que es más fácil creer que estamos ayudando en algo votando estos permisos, y así limpiamos nuestra conciencia y podemos decir que hicimos algo para combatir el narcotráfico, pero lo que va a decir el Gobierno de Costa Rica, en su doble discurso, en los foros internacionales, es muy distinto”, denunció.

Recordó que el Gobierno de Costa Rica en las cumbres centroamericanas ha dicho que se han producido externalidades negativas que no han sido debidamente compensadas.

“Y, ¡ojo!, ¡ojo, señoras y señores, lo advierto aquí para que a nadie lo engañen!: El Gobierno de Costa Rica dice en foros internacionales que los esquemas de patrullaje conjunto, que permiten interceptar cargamentos en alta mar, han presionado para que las embarcaciones se acerquen más hacia las costas, o se procuren evadir los controles marítimos mediante el transporte por tierra, lo que tiende a dejar una mayor secuela de violencia y corrupción en los países de tránsito. Cita textual del Gobierno de la República en el documento oficial, presentado en la Cumbre Centroamericana de Guatemala, en junio del año pasado, documento titulado “Fondo de compensación para el combate de la delincuencia transnacional en Centroamérica: Un mecanismo financiero de responsabilidad compartida pero diferenciada”, indicó Villalta.

Finalmente, el diputado Luís Fishman, del Partido Unidad Social Cristiana afirmó que “Lo vamos a votar aunque no tenga yo la convicción plena de que, constitucionalmente, a pesar de que sean barcos artillados, que vengan a entregar delincuentes o que vengan ya prefijado el término que van a estar, se está haciendo todavía un permiso amplio, más allá de lo que dice la Constitución, que han sido muy claramente establecidos los alcances constitucionales de que cada barco que va a atracar tiene que pedir permiso, sea de donde sea”.

Fuentes:  cazadebunkers, libertadparalahumanidad , elpais.cr, lavanguardia

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